La Transición Política.

Con la crisis del petróleo, la expansión económica de los países ricos se interrumpió y arrastraron en su caída a otros países más débiles como España, donde la muerte de Franco agravó la crisis. En consecuencia España se encontraba en una difícil situación económica debida principalmente al crecimiento del déficit exterior, a la inflación, a la caída de los beneficios de las empresas (incluso quebraron algunas) y al aumento del paro (contribuye al retorno de emigrantes). Esta depresión se prolongó hasta 1985 y dificultó la transición a la democracia. A la muerte del dictador las fuerzas políticas se alineaban a favor de tres alternativas: A) La continuidad del régimen franquista manteniendo las estructuras del franquismo. Lo defendían el búnker (sectores más inmovilistas del franquismo); B) La reforma política: pretendía la liberación del régimen desde dentro hasta su equiparación con las democracias occidentales. Propuesto por los aperturistas. C) La ruptura democrática: Propone acabar con el antiguo régimen y restaurar la democracia. Defendido por la izquierda antifranquista y la oposición democrática).
Tras la muerte de Franco el rey Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado y juró lealtad a las leyes fundamentales y a los principios del movimiento nacional. Su padre –don Juan de Borbón- no renunciaría a sus derechos dinásticos hasta un año después. Juan Carlos I dejó entrever su voluntad democrática en su discurso (aunque sus intenciones eran una incógnita y desconfiaban de él tanto el búnker como la oposición en su mayoría republicana) y días después se concedió un indulto parcial que sacó de las cárceles a dirigentes de CCOO. El rey fue una figura esencial en la restauración de la democracia en España, única solución para que España se pudiera integrar en Europa. Además eso le supuso renunciar al poder que heredó de Franco. En un principio el rey mantuvo a Carlos Arias Navarro como presidente; aunque los militares le acaban enviando una carta pidiéndole la dimisión de Arias Navarro. Además el clima social estaba cada vez más agitado, debido a la represión del gobierno de Arias que se pudo ver en los sucesos de Vitoria, donde hubo una tremenda represión policial en una huelga general. Todo esto hizo al rey que invitara a Arias Navarro a presentar su dimisión. Entonces el rey tuvo que elegir otro jefe de gobierno entre una lista de 3 personas en la cual consiguió que apareciera Adolfo Suárez. Entonces el rey eligió a Adolfo Suárez presidente del gobierno, lo que provocó un rechazo general por su vínculo con el movimiento nacional. Éste formó un gobierno de talante reformista.
En la primera declaración del gobierno se reconocían los derechos y libertades fundamentales además de la legitimidad de los partidos y de las autonomías históricas. También se anunciaba una amplia amnistía política y la convocación de elecciones. Por otra parte se dialogó con todos los grupos políticos, incluidos los de la oposición, e incluso Suárez mantuvo contactos secretos con Santiago Carrillo secretario general del PCE. En 1976 se promulgó la ley de reforma política, una ley de rango de ley fundamental que establecía el procedimiento para la creación de nuevas cortes elegidas por sufragio universal directo las cuales realizarían las reformas necesarias. Pero como ley fundamental necesitaba la aprobación de las Cortes y un referéndum nacional. La ley finalmente salió claramente aprobada en ambos sitios. Aún así la vía a la cita electoral no fue fácil debido al aumento del terrorismo de la extrema derecha, de ETA y de los GRAPO. El momento de máxima tensión se alcanzó en enero de 1977 en Madrid donde se asesinó a un estudiante y un día más tarde se produjo la matanza de la calle Atocha. En ese acontecimiento ETA no actuó aunque fue la organización que más víctimas provocó. Los grupos de extrema derecha actuaban contra el comunismo, los GRAPO contra miembros de fuerzas armadas y del aparato del Estado y ETA era antiespañola y consideraba que la implantación de la democracia en España no llevaría a la libertad del País Vasco. Más tarde se modificó la ley de Asociaciones Políticas y todos los partidos democráticos pudieron ser legalizados; aunque la legalización del Partido Comunista quedó aplazada porque si se legalizaba, numerosos grupos franquistas y del ejército podrían reaccionar en contra provocando un golpe de estado. Finalmente se legalizó el PCE en 1977, y en consecuencia, el ministro de Marina presentó su dimisión y el Consejo Superior del Ejército emitió un comunicado de repulsa por esta decisión, aunque la aceptaba. Entonces se convocaron las elecciones donde hubo gran cantidad de partidos pero los principales fueron:
- Unión de Centro Democrático (UCD): creado por Adolfo Suárez quien necesitaba una organización política para presentarse a las elecciones. La UCD fue la coalición de muchos partidos minoritarios: democratacristianos, socialdemócratas y liberales.
- Alianza Popular (AP): Presidida por Fraga cuya violencia verbal junto con la poca convicción democrática de muchos de los miembros de este partido hizo empeorar sus resultados electorales.
- Partido Socialista Obrero Español (PSOE): dirigido por Felipe González y Alfonso Guerra. Ofrecían una imagen de juventud y de entusiasmo acorde con la idea de cambio de gran parte de la sociedad.
- El Partido Comunista Español (PCE): no había renovado su dirección y estaba a cargo de Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo.
- Nacionalismo catalán: Aquí hubo 2 corrientes ideológicas: una radical y de izquierdas (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC) y otra de derecha moderada (coalición Pacte Democràtic per Catalunya, PDC).
- Nacionalismo catalán: PNV (partido nacionalista vasco) conservador y Euskadiko Eskerra (EE), donde estaban antiguos militantes de la ETA.
En las elecciones ganó UCD y el PSOE se convirtió en la 1ª fuerza política de izquierdas y en el principal partido de la oposición. Mientras tanto el PCE y la AP quedaron muy por debajo de sus expectativas. Finalmente en el País Vasco y Cataluña se apoyó al PNV y al PDC respectivamente, aunque obtuvieron representación los nacionalistas radicales (EE y ERC). Entonces el rey encomendó a Adolfo Suárez que formara el primer gobierno democrático.
PERÍODO CONSTITUYENTE.
Una vez sentadas las bases de una democracia y con un gobierno elegido democráticamente había que afrontar la situación económica. Se aplicaron remedios urgentes (devaluación de la peseta) y además se llegaron a acuerdos materializados en los Pactos de la Moncloa, que por una parte eran acuerdos económicos y por otra parte acuerdos políticos como el establecimiento del delito de tortura, el establecimiento de garantías jurídicas, la despenalización del adulterio… Estos acuerdos estaban firmados por numerosos partidos (PSOE, PCE, PSP…) y fueron ratificados por los principales sindicatos y la patronal. Los acuerdos económicos consistían básicamente en un plan de estabilización económica con un conjunto de reformas a corto plazo y de disposiciones inmediatas orientadas a frenar la inflación y estabilizar los precios. Con este plan se disminuyó la inflación, aumentaron las reservas de divisas y se empezaron a obtener beneficios en las empresas; aunque el paro seguía subiendo. Tampoco se pudo evitar del todo el descontento social.
Los favorables resultados obtenidos por los partidos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco obligaron al gobierno de Suárez a afrontar el problema de las autonomías históricas de estos territorios; pero hasta que no se estableciese una nueva Constitución, solo se podrían restablecer parcialmente como preautonomías. La Generalitat de Cataluña se había mantenido en el exilio y estaba presidida por Josep Tarradellas, el cual volvió a Barcelona como presidente. En las provincias vascas se constituyó el Consejo General Vasco, que en un momento fue presidido por Leizaola, aunque dimite y cede la presidencia a Garaicoechea. Pero la preautonomía no consiguió acabar con el terrorismo de ETA.
Una vez constituidas las nuevas cortes democráticas, los representantes decidieron elaborar una Constitución en vez de reformar las viejas leyes fundamentales. Primero se creó una comisión formada por representantes de los distintos grupos parlamentarios de los que salieron elegidos 7 miembros (La Ponencia) cuyo cometido era redactar un anteproyecto de Constitución. Estos 7 miembros eran: De la UCD: Gabriel Lisneros, Pérez Llorca, Herrero de Miñón. Del PSOE: Peces Barba. De alianza Popular: Fraga. Del PCE: Jordi Solé Tura. De la minoría catalana: Miguel Roca. Fuera de la ponencia quedaron partidos como el PSP y el PNV. La marginación de este último partido hizo que éste no votara la Constitución. Finalmente superados los trámites parlamentarios, el texto definitivo fue aprobado el 31 de octubre de 1978, aunque EE y algunos diputados de la AP votaron que no mientras que el PNV en su mayoría se abstuvo. Finalmente la constitución fue también aprobada por un referéndum. La constitución española (al igual que los Pactos de la Moncloa) era un producto del consenso de grupos políticos muy dispares.
Características de la constitución.
Esta constitución define España como un Estado Social y democrático de derecho y recoge una amplia declaración de derechos y deberes: mayoría de edad a los 18 años, derecho a la vida (abolición de la pena de muerte), libertad religiosa, libertad ideológica, libertad de culto, libertad de expresión derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga… La constitución además ofrece asistencia y prestaciones sociales, protección de la salud pública y del medio ambiente, conservación del patrimonio artístico y cultural, apoyo económico a los ciudadanos de la tercera edad y defensa del consumidor. Esta constitución establece una monarquía parlamentaria en la que el jefe del estado es el rey, que a pesar de tener numerosas atribuciones tiene poder muy limitado. Establece separación de poderes: el poder ejecutivo recae sobre el gobierno cuyo presidente lo nombraba el rey (aunque en realidad la asignación dependía del Congreso). Además puede redactar un decreto-ley el cual debe presentar al congreso en 30 días y si el congreso no lo aprueba hay que retirarlo. El poder legislativo residía en las Cortes (bicamerales) cuyos miembros son elegidos por sufragio universal, controlan al gobierno y pueden realizar una moción de censura. El poder judicial está en los Jueces y Magistrados.
Finalmente se establece un Estado unitario de las autonomías ya que por una parte es unitario porque el Estado tiene competencia exclusiva en numerosas materias fundamentales; pero por otra parte se reconocen las diferentes comunidades históricas de España a las que se cede amplio margen de autonomía con la instauración de órganos de gobierno propios con competencias importantes e incluso con la posibilidad de elaborar leyes propias.